Inconstitucionalidad de la ordenanza 321 que regula el ejercicio de la potestad sancionadora en el Distrito Metropolitano de Quito en la aplicación de limitaciones de acceso a la justicia administrativa en las infracciones administrativas flagrantes

Abstract

Los procedimientos administrativos sancionadores, son parte del Derecho Administrativo, por ende su desarrollo debe basarse en el cumplimiento de una aplicación directa de derechos, principios y garantías constitucionales. La no aplicación de estos derechos, principios y garantías constitucionales en el desarrollo de los procedimientos administrativos, conllevan a la administración a realizar actuaciones inconstitucionales. El Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Ordenanza Metropolitana No. 321, regula el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo a seguir. Sin embargo, este procedimiento administrativo presenta una diferenciación en los casos de infracciones administrativas flagrantes: La normativa establece que previo a la contestación del auto de inicio de proceso, el posible infractor deberá depositar un valor en garantía equivalente a la sanción pecuniaria resultado del procedimiento administrativo sancionador, como requisito previo para que el funcionario instructor le dé trámite a su contestación; indicando que la falta de depósito en garantía por parte del presunto infractor se considerará como allanamiento a los hechos imputados. Por lo que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer que esta diferenciación que se plantea en los procedimientos administrativos para los casos de infracciones administrativas flagrantes, es inconstitucional al establecer límites de acceso a la justicia administrativa. De igual forma, se sustentará que este depósito en garantía, no cumple su función como tal y en la práctica se esconde en figuras como el pago previo.