La viabilidad jurídica de implementar modelos de participación público-privados en el sector de la vialidad en el Ecuador

Abstract

Los mecanismos de “Participación Público Privada” en la construcción de obras y la administración de servicios públicos, en el sector de la infraestructura, son variados. “La modernización del Estado en que los países Latinoamericanos están empeñados, ha llevado a formular nuevos modelos de gestión para implementar las obras y los servicios públicos, donde la participación conjunta público privada apunta a mejorar la provisión de los servicios” (Maino V, 2013, pág. 11), ello implica atraer recursos de fuentes privadas distintos a los del Estado, y, establecer estándares de gestión superiores en las áreas tradicionalmente reservadas a éste. La materialización de estas decisiones en el Ecuador se implementa a través de la Ley de Modernización del Estado, donde, se estableció que “todas las atribuciones del CONAM, serán ejercidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). (LME, 2007) La gestión pública puede servir como herramienta idónea para la realización de obras, la prestación de servicios y la explotación de actividades productivas; todas ellas de naturaleza o con finalidad pública. El modelo de participación del Estado en el sector privado y viceversa, con la implementación de las Participaciones Público Privadas (PPP), puede convertirse en un mecanismo que acogiéndose a las regulaciones jurídicas existentes en el país, permita la ejecución de servicios públicos como la vialidad por parte de la iniciativa privada. Como régimen jurídico y ámbito del derecho se partiría de la Constitución de la República del Ecuador, actuando bajo el cuerpo normativo que básicamente regula la modernización del Estado a través de los diversos mecanismos de coparticipación como la Ley de Modernización del Estado, teniendo como opciones legales de coparticipación público-privada a la: empresa de economía mixta, el Joint Venture; la privatización de empresas y servicios públicos; y las delegaciones. En el Reglamento General a la Ley de Modernización del Estado, se hace hincapié en el fiel cumplimiento a las normativas relacionadas con aprobación técnica de bases para obras de vialidad. Como se justificará a lo largo de este trabajo, la implementación de PPP en el sector de la vialidad es jurídicamente viable, dado el ordenamiento contempla que, bajo ciertos supuestos, la implementación de tales modelos de gestión es factible.