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http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5341| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Conflictos jurídicos que nacen a partir de la aplicación del Artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo |
| Autor : | Villavicencio Yela, Alejandro Samuel |
| Director de Tesis : | Irigoyen, José (dir) |
| Descriptores : | Derecho laboral;Interpretación del derecho;Responsabilidad patronal;Sanciones administrativas |
| Fecha de publicación : | dic-2015 |
| Editorial : | Quito: USFQ, 2015 |
| Citación : | Tesis (Magíster en Derecho de Empresa), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2015 |
| Páginas : | 97 h. : il. |
| Acceso: | openAccess |
| Resumen : | En el año 2006 las actividades de contratación laboral en Ecuador cambiaron, mediante una reforma al Código del Trabajo, en la cual se incluyó la obligación de contratar un porcentaje de personal con discapacidad en labores permanentes y adecuadas según las capacidades de este grupo vulnerable. Legalmente esta obligación está dirigida a todos los empleadores incluyendo públicos y privados, sin embargo en la práctica esta obligación ha recaído principalmente en manos del sector privado. Errores de redacción en la norma han permitido que se apliquen sanciones que vulneran principios constitucionales y vacíos legales permiten que se desvirtúe el fin de la norma, provocando que la aplicación de esta norma que es necesaria desde un principio inclusivo, permita establecer sanciones por su incumplimiento, a libre criterio de la Autoridades Administrativas, quienes no mantienen siquiera un criterio institucional unificado. Luego de casi diez años de aplicación de esta norma, aún no existen procedimientos claros ni siquiera vía reglamento que permitan al empleador crear una certeza sobre aplicación normativa o cuantificar exactamente un posible contingente económico por multas en caso de incumplimiento de esta norma. |
| Descripción : | In 2006, hiring activities in Ecuador changed by an amendment to the Labor Code in which the obligation to hire a percentage of disabled workers in permanent and appropriate jobs according to their capabilities. Legally, this obligation involves all employers including public and private, though in practice this obligation has fallen primarily to the private sector. Drafting errors in the law have allowed sanctions that violate constitutional and legal principles, also obscurity allows law distorts, causing that the application of this rule that is necessary from an inclusive principle, establish sanctions for non-compliance, as they are at the discretion of the Administrative Authorities, who do not even maintain a unified institutional criteria for the application of this law. After almost ten years of application of this standard, there are still unclear even via regulation procedures that allow employers to create certainty on policy implementation or accurately quantify potential economic contingent fines for breaking this rule. |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5341 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Derecho de Empresa |
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