La arbitrabilidad del derecho de la competencia

Abstract

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado fue adoptaba en el año 2011 con el objetivo de brindar una regulación clara en temas de Derecho a la Competencia. Sin embargo, falta mucho por profundizar en diversos temas de esta rama del Derecho, en especial su aplicación dentro de un procedimiento arbitral. Existen dos sistemas de aplicación del Derecho de la Competencia: uno público y uno privado. El sistema público lo lleva a cabo la autoridad administrativa que vigila el orden público económico, como lo es la Superintendencia de Regulación y Control de Poder de Mercado (‘SRCPM’); mientras que el sistema privado lo llevan a cabo los particulares a través del sistema de justicia en donde éstos alegan el Derecho de la Competencia para proteger sus intereses particulares. A pesar que nuestra legislación no ha establecido de forma expresa los distintos tipos de aplicación del Derecho de la Competencia, tanto el sistema público como el privado son posibles en el Ecuador. La aplicación privada tiene dos formas, una principal y otra incidental. En el Ecuador solo es posible la aplicación privada incidental de la normativa antitrust en un procedimiento arbitral debido a que un Tribunal Arbitral utilizará la normativa de Competencia con el propósito de revisar la validez de un negocio jurídico o de desprender daños y perjuicios por actuaciones anticompetitivas. Estas acciones civiles en sede arbitral no requerirán de una decisión previa de la SRCPM debido a que estas acciones civiles son autónomas y no existe una norma legal que establezca este requisito de pre-administrabilidad. Por último, no existirán decisiones contradictorias entre un Tribunal Arbitral y la SRCPM ya que estas autoridades se encuentran en esferas distintas. Por un lado, un Tribunal Arbitral se encuentra en la esfera civil en la que se determinará la validez de un negocio jurídico o daños y perjuicios, mientras que la SRCPM está en un ámbito administrativo y tiene la potestad exclusiva de determinar ilícitos anticompetitivos y establecer sanciones administrativas, de ser el caso.