El decreto ejecutivo como mecanismo para restringir derechos estudio de caso: decretos ejecutivos 813, 1182 y 16

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo analizar si los Decretos Ejecutivos 813, 1182 y 16 se han utilizado como un mecanismo para restringir los derechos, por lo que se parte de la afirmación de que el Ecuador tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de que están reconocidos en la Constitución del Ecuador y aquellos que son inherentes a la dignidad de las personas, ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales y el contenido de los derechos debe desarrollarse de manera progresiva, siendo inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. La Constitución de la República del Ecuador establece el principio de reserva de ley para la regulación de los derechos y garantías constitucionales, lo que conjuntamente con el contenido esencial de los derechos se constituyen en límites al poder estatal. La potestad legislativa la ejerce exclusivamente la Asamblea Nacional, mientras que la potestad reglamentaria está a cargo del Ejecutivo, quien puede expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración. En este marco, los derechos tienen un contenido esencial constituido por aquella parte que es absolutamente necesaria para que los bienes jurídicos resulten real, concreta y efectivamente protegidos. Cuando se afecta el contenido esencial al punto de que el derecho queda desprotegido, se dificulta su ejercicio real y es desnaturalizado, se habla de restricción del derecho. Consecuentemente, esta investigación radica en determinar si el contenido dispuesto en los decretos analizados corresponde a una regulación del derecho y por lo tanto se afecta el principio de reserva de ley; si estas regulaciones cumplen con los requisitos de objeto lícito, razonabilidad y proporcionalidad; si se afecta el contenido esencial de los derechos y por lo tanto los restringen; y, si son planteados como un mecanismo para la restricción de estos derechos para la protección de los intereses del Ejecutivo.