La vulneración del derecho a la propiedad privada en contraste a la facultad estatal de expropiación, en referencia al justo precio

Abstract

El derecho de dominio es, considerado por la doctrina como, el más completo de los derechos reales, pues otorga a su titular la posibilidad de uso, goce y disposición, además es un derecho que se encuentra reconocido constitucionalmente; sin embargo, la misma norma jurídica mencionada (Constitución) establece una limitación a dicho derecho de propiedad, tal limitación es la expropiación. Mediante esta figura el Estado encuentra la forma de ejecutar su obra pública de mejor manera, es decir, privilegiando el beneficio de la comunidad sobre el de una persona o grupo de personas; así, el estado tiene la posibilidad de –previo un pago correspondiente, justo precio- desposeer a un propietario de parte o la totalidad de un bien, sin embargo, éste debe ser considerado y declarado como un bien de utilidad pública. Empero, se considera que las normas y reglamentos actuales vulneran el derecho a la propiedad privada al momento de no existir lineamientos específicos para calcular el justo precio en un procedimiento de expropiación, además que no existen medios de impugnación adecuados para el privado si no se encuentra conforme y de acuerdo con el monto indemnizatorio, por lo que es necesario generar estos parámetros para que esta facultad estatal de expropiación no vulnere el derecho a la propiedad privada de las personas. Dado que el pago de la indemnización es uno de los requisitos esenciales para que se lleve a cabo una expropiación, se dedicará un amplio análisis a este tema, se estudiará en que consiste el derecho a la propiedad privada y la facultad estatal de expropiación, luego se analizarán las normas pertinentes en la legislación ecuatoriana, para luego enfocarnos en el juicio civil de expropiación y en el justo precio; así como se analizará la contradicción existente entre Código de Procedimiento Civil –actualmente el Código Orgánico General de Procesos- con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, pues se considera que contienen disposiciones que –aparentemente- generarían una contradicción o antinomia entre ellos.