Análisis de la legislación de los países de la CAN en relación a los riesgos psicosociales en el ámbito laboral y elaboración de propuesta de resolución para regular la gestión de riesgos psicosociales en el trabajo en el Ecuador

Abstract

A lo largo de la historia la legislación relativa a la Prevención de Riesgos Laborales no le ha dado la importancia que se merece a la gestión de los Factores de Riesgo Psicosocial, ni a la prevención de los Riesgos Psicosociales consecuentes de éstos, los cuales han demostrado tener una consecuencia directa en la salud de la población laboral. Los países de la Comunidad Andina de Naciones –CAN– no son la excepción, y si bien todos cuentan con legislación referente a la gestión de la prevención de riesgos laborales, se hace muy poca mención y se otorga poca prioridad a los Riesgos Psicosociales. En el año 2014, el Ecuador aprobó la obligatoriedad que tienen todos los empleadores de implementar un Sistema de Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales, sin embargo, no cuenta con legislación específica a los Riesgos Psicosociales, razón por la cual se vio la necesidad de realizar este trabajo, cuyo objetivo fue el de diseñar una propuesta de Resolución para la Gestión de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, que sea aplicable al Ecuador, tomando como base un análisis comparativo entre la Legislación de los países de la Comunidad Andina de Naciones, relacionada con los Riesgos Psicosociales en el trabajo. Tras haber analizado la legislación pertinente se pudo comprobar que en efecto solo una legislación –la colombiana– de las cinco que se analizaron tiene un cuerpo legal propio y específico para el tema de riesgos psicosociales, así como también uno específico para la gestión del acoso laboral. Falta mucho en la región para llegar a contar con legislación que respalde la gestión de las empresas que quieran invertir en la gestión y prevención de los riesgos psicosociales, ya que al invertir en tener personas más sanas, felices y motivadas en los trabajos, el empleador habrá recuperado su inversión. Pero el Ecuador podría contar con su primer cuerpo legal al respecto si es que se decide llevar a la realidad la propuesta de Resolución aquí planteada.