Caducidad de las acciones objetivas en materia tributaria Subsidiariedad del derecho administrativo

Abstract

El 31 de diciembre de 2002 se publica en el Registro Oficial 735 la ordenanza municipal 0079, que establece la Tasa de Seguridad Ciudadana para todos los ciudadanos propietarios de bienes inmuebles dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Esta tasa obliga a todos los ciudadanos que tienen dominio sobre bienes inmuebles en la ciudad de Quito a pagar un monto de manera obligatoria que únicamente depende del sector dónde se ubica el bien inmueble. Un ciudadano reclama la ilegalidad de la “Tasa de Seguridad Ciudadana” interponiendo una acción objetiva basada en que no se trata de una tasa, ya que el pago es obligatorio y el beneficio no es cuantificable, sino que se trata de un verdadero impuesto y como tal, debía ser creado por una ley, en el Congreso Nacional de ese entonces. El Tribunal Distrital que avoca conocimiento de este caso resuelve enviar el tema a la Corte Nacionalidad debido a que este proceso lo debe sentenciar el Tribunal Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. El tribunal Contencioso Tributario utiliza una norma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de manera supletoria al Código Tributario y niega la demanda al ciudadano debido a que han transcurrido más de tres años desde que la Ordenanza fue publicada en el Registro Oficial. La conclusión final de la Corte se refiere a que ni siquiera se debe examinar el fondo del asunto, pues las acciones objetivas en general tienen un plazo de tres años para ser reclamadas, y como la acción que se planteó es una acción objetiva con la única variable de que se trata del ámbito tributario, el plazo de todas las acciones objetivas es el mismo......