La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales frente a agentes del sector privado en las acciones de protección

Abstract

Los tratados internacionales de derechos humanos consagran obligaciones que los Estados deben cumplir. Así, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se ha consagrado el principio de progresividad. Este principio implica que el cumplimiento del contenido de los DESC debe cumplirse de forma progresiva, y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos económicos del Estado. Sin embargo, la Constitución ecuatoriana del 2008 marcó una tendencia diferente al establecer que todos los derechos serán justiciables; y que, bajo circunstancias determinadas, las personas afectadas por violaciones a sus derechos, podrán interponer acciones de protección en contra de agentes privados. En este sentido, se cuestiona la posibilidad de que los DESC sean justiciables frente a agentes del sector privado; y así, que éstos se vean obligados, por sentencia emitida por un juez nacional, a cumplir con el contenido de los DESC. Esta situación tiene total cabida para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por la determinación de la responsabilidad internacional de agentes privados, en donde estos pueden verse obligados por sentencia a cumplir con el contenido mínimo de un DESC, sin que sea necesario que el juez tenga en cuenta el principio de progresividad para tal efecto.