La extorsión carcelaria en Santo Domingo de los Tsáchilas y las medidas para contrarrestar el delito

Abstract

Según lo establece la Constitución de la República, el sistema de rehabilitación social está destinado a conseguir la rehabilitación integral y protección de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, a través de un adecuado tratamiento penitenciario que conjugue capacitación, trabajo y protección a sus derechos como personas de atención prioritaria, según lo establece la norma constitucional, para de esta forma reinsertarlos a la sociedad como entes productivos y moralmente reformados. El Código Orgánico Integral Penal que fue aprobado por la Asamblea Nacional y entró en vigencia el 10 de agosto de 2014, que incorpora delitos tipificados como el crimen organizado, el sicariato, la mala práctica médica, el secuestro exprés, los fraudes informáticos, los delitos penitenciarios, la violencia intrafamiliar, el abandono de personas, el femicidio, entre otros, en su libro III, enmarca al Sistema Nacional de Rehabilitación Social en una normativa de orden constitucional, internacional y en el Plan Nacional del Buen Vivir. En este contexto, la extorsión dentro de los centros de rehabilitación social, e incluso en los de detención provisional se ha constituido en una práctica recurrente, que no solo amenaza contra el patrimonio de las personas privadas de la libertad que son víctimas del mismo, sino que es un potencial peligro contra su integridad personal, psíquica y sexual. Es por eso que la normativa vigente agrega un apartado en el cual desarrolla las circunstancias agravantes a la condena del extorsionador. De las cuales para el tema que nos ocupa interesa destacar la cuarta, que señala que: “4. Si se comente total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad”. Frente a la problemática descrita, y consciente de que la extorsión dentro de los centros de privación de libertad, es una práctica habitual y antijurídica, la presente Investigación, busca estudiar en forma científica y objetiva este fenómeno penitenciario, con el fin de que a través de una adecuada fundamentación, se tipifique y sancione a la extorsión dentro de los centros de rehabilitación social, ya sea que esta provenga de personas privadas de la libertad o de funcionarios y/o empleados del sistema penitenciario de nuestro país.