La Legitimidad del Consumo y Regulación de Drogas Recreativas

Abstract

La criminalización del consumo de drogas no puede sostenerse al margen de los principios que rigen la gobernanza de las sociedades democráticas actuales y en particular aquellos que limitan las intervenciones del poder punitivo. Si bien los riesgos del uso de estupefacientes merecen un grado de intervencionismo por parte de los estados y una participación proactiva por parte de la población; la criminalización del consumo fomentó la creación de un estado policial autoritario, moralista, violatorio de los derechos humanos y encima de todo ha sido estrepitosamente ineficaz y contraproducente. La hipocresía de permitir ciertos placeres y erradicar otros ha creado un frenesí de violencia, corrupción y criminalidad que ha envuelto a los gobiernos actuales en una lucha que no puede ganarse mediante el uso de la fuerza y cuyos platos rotos los pagamos todos. Cuando el legislador abandona la túnica de la neurosis punitiva fundamentada en ideales paternalistas de excelencia humana y abraza en cambio un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos, tolerancia, racionalidad y empirismo, surgen varias opciones al momento de definir un marco jurídico de drogas que evidencian ser mucho más eficaces y menos onerosas para todos. El Ecuador y el resto de países de la comunidad internacional deberían seguir abandonando completamente el sistema prohibitivo neurótico americano y reemplazarlo por uno diseñado en base a políticas de reducción del daño y modelos de despenalización regulada.