La indebida fundamentación de las sentencias judiciales como elemento para la aplicación del régimen disciplinario a jueces de la Función Judicial Ecuatoriana

Abstract

La potestad disciplinaria, como eje central del tema que ha sido investigado, se encuentra inmerso en una de las potestades más fuertes que tiene el Estado y que le viene delegado por el ius puniendi. Este régimen jurídico especial, descansa en el interés público, cuya realización se encomienda a la organización de la Administración, precisamente para que ésta pueda alcanzar sus fines, fijando deberes y responsabilidades que deben ser sancionados frente a su incumplimiento. A partir del análisis de esta potestad estatal se busca enfocar el estudio al régimen disciplinario judicial, más precisamente de los jueces, al omitir en sus sentencias una debida fundamentación, abordando la problemática a partir del alcance y limites que tiene el Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo de la Función Judicial, para sancionar a estos operadores de justicia. Por lo tanto resultará inevitable abordar la debida fundamentación, desde la teoría de la motivación, como deber legal y constitucional de juezas y jueces, para la valides de sentencias y resoluciones judiciales. En el presente trabajo, el lector podrá advertir que el debate jurídico gira en torno a la facultad estrictamente jurisdiccional del juez para fundamentar sus actos, en virtud de la cual, una gran parte de la doctrina sostiene que el juzgador no puede estar sujeto a entes disciplinarios que ostentan un control y revisión de actos jurisdiccionales, toda vez que se encuentra sometido únicamente a la Constitución y la ley. Dentro de este contexto, la temática desarrolla busca establecer el límite de la potestad disciplinaria del órgano administrativo de control, diferenciando lo administrativo de lo jurisdiccional en cuanto a la sanción por indebida fundamentación de sentencias, y con ello dar una perspectiva diferente al principio de independencia interna y externa de la Función Judicial, recogida tanto en la Constitución de la República y determinada con especial énfasis en el Código Orgánico de la Función Judicial.